Después del discurso televisado del martes 15 de junio, Felipe Calderón ha manifestado una vez mas su firme compromiso con el pueblo mexicano en lo que el como otros anteriormente, han denominado la guerra frontal contra el crimen organizado.
Es curioso que lo mencione después de los múltiples tropiezos que el gobierno federal ha tenido en la materia. Para nadie es un secreto que la corrupción se manifiesta como arteria principal del sistema político mexicano, mientras que el crimen organizado funciona en perfecta armonía simbiótica con la Autoridad.
La intensa actividad operativa demuestra una gran capacidad organizativa de carácter internacional que difícilmente pudiera ser concebida sin una mínima participación del poder estatal.
Pese lo anterior no se puede decir que el Gobierno de México conforme a su ideología conservadora no ha actuado en consecuencia. Más de 45 mil efectivos de la Policía Federal han sido desplegados por toda la República y otros tantos miles de soldados y marinos que ya monitorean y deambulan armados por nuestras calles.
En cuanto al presupuesto, el gobierno calderonista no ha escatimado recursos en armarse, solo para este año juntos, Secretaria de Seguridad Publica y de la Defensa Nacional recibieron 74,344 millones de pesos. Además de los casi 500 millones de dólares recibidos de parte del Gobierno de los Estados Unidos para armamento y preparación de policías y militares, convirtiéndose así México en una autentica zona de guerra.
Aunado a esto la legislación ha sufrido modificaciones; debemos recordar que hace poco mas de un año durante el auge de la influenza humana fueron aprobadas modificaciones a la ley que permiten a los aparatos de coerción el escuchar y grabar conversaciones desde la calle, el monitorear llamadas en celulares, y otros tantos poderes y atribuciones policiacas que amplifican el control gubernamental sobre la ciudadanía, misma que según ellos, siempre es sospechosa y proclive a cometer alguna actividad criminal.
Generalmente existe en la población un sentimiento de sentirse mas protegida en virtud de cuantos policías y hoy militares, se encuentran en nuestras calles; sin embargo, esta forma de prevención del crimen no ha arrojado los resultados esperados, en si no hay formula que pueda demostrar que a mayor vigilancia menor crimen, como pretenden vendernos los ideólogos conservadores amantes bizarros de la ley y el orden, los cuales hoy pretenden legitimar la militarización y un Estado policiaco.
Tanto la política de cero tolerancia y la creación de nuevos métodos disuasorios del crimen son promovidas y ciertamente apoyadas por los políticos, debido principalmente, a que en gran medida son compatibles con los procedimientos ya existentes, además de que dan la impresión de estar trabajando a favor de nuestra seguridad.
No obstante dichos procedimientos permiten tanto a las distintas corporaciones policiacas, como también a militares, la libertad de interpretar y por lo tanto de actuar según su juicio frente a cualquier situación que les cause sospecha. Tal es así que desde que comenzó la gestión del actual gobierno federal son constantes y se han incrementado los casos de violencia donde se han transgredido los derechos humanos, incluso se ha llegado a asesinar a gente sin vinculo con actividades ilegales.
La contradicción resulta evidente, por una parte el gobierno este año ha incrementado su presupuesto con el fin de combatir de forma eficaz a la delincuencia; mientras por la otra, ha condicionado un incremento en los impuestos en un 2 % sobre el consumo, si es que estamos de acuerdo en que se invierta en sus insuficientes programas sociales.
Desde las altas esferas, la clase política, los del poder económico, en si aquellos que podemos considerar como los incluidos de este sistema, parecen mostrar una total indiferencia a la relación que existe entre la insatisfacción de la necesidades creadas y el crimen. Es de hacer notar también el incremento de la pobreza frente al enriquecimiento desmedido de las elites. Frente a este escenario, y de forma cotidiana vemos por nuestras calles transitar convoyes de policías militarizados y militares con funciones policiacas.
Aun así los índices de criminalidad aumentan y las políticas de los aparatos represivos de control provocan un desplazamiento de los posibles “blancos” de la delincuencia organizada. Hoy los suburbios de los más favorecidos se encuentran en lo que podemos denominar “burbujas de seguridad” mientras los barrios bajos son territorio de pequeñas y grandes bandas del crimen organizado.
A casi cuatro años del gobierno calderonista y su famosa guerra contra el crimen, es evidente que los resultados son nulos, y en contraste vivimos en un estado guerra perpetua, subyugados a la política de seguridad del vecino del norte, los Estados Unidos.
Sabiendo esto ya no me sorprende el bombardeo de los anuncios y discursos televisados que nos intentan convencer de los magníficos resultados del Estado policiaco y militarizado, solo viene a mi cabeza aquella frase de las pesadillas orwellianas, donde un gobierno totalitario intenta convencer a un débil, timorato y atomizado pueblo de que “la guerra es la paz”.
La intensa actividad operativa demuestra una gran capacidad organizativa de carácter internacional que difícilmente pudiera ser concebida sin una mínima participación del poder estatal.
Pese lo anterior no se puede decir que el Gobierno de México conforme a su ideología conservadora no ha actuado en consecuencia. Más de 45 mil efectivos de la Policía Federal han sido desplegados por toda la República y otros tantos miles de soldados y marinos que ya monitorean y deambulan armados por nuestras calles.
En cuanto al presupuesto, el gobierno calderonista no ha escatimado recursos en armarse, solo para este año juntos, Secretaria de Seguridad Publica y de la Defensa Nacional recibieron 74,344 millones de pesos. Además de los casi 500 millones de dólares recibidos de parte del Gobierno de los Estados Unidos para armamento y preparación de policías y militares, convirtiéndose así México en una autentica zona de guerra.
Aunado a esto la legislación ha sufrido modificaciones; debemos recordar que hace poco mas de un año durante el auge de la influenza humana fueron aprobadas modificaciones a la ley que permiten a los aparatos de coerción el escuchar y grabar conversaciones desde la calle, el monitorear llamadas en celulares, y otros tantos poderes y atribuciones policiacas que amplifican el control gubernamental sobre la ciudadanía, misma que según ellos, siempre es sospechosa y proclive a cometer alguna actividad criminal.
Generalmente existe en la población un sentimiento de sentirse mas protegida en virtud de cuantos policías y hoy militares, se encuentran en nuestras calles; sin embargo, esta forma de prevención del crimen no ha arrojado los resultados esperados, en si no hay formula que pueda demostrar que a mayor vigilancia menor crimen, como pretenden vendernos los ideólogos conservadores amantes bizarros de la ley y el orden, los cuales hoy pretenden legitimar la militarización y un Estado policiaco.
Tanto la política de cero tolerancia y la creación de nuevos métodos disuasorios del crimen son promovidas y ciertamente apoyadas por los políticos, debido principalmente, a que en gran medida son compatibles con los procedimientos ya existentes, además de que dan la impresión de estar trabajando a favor de nuestra seguridad.
No obstante dichos procedimientos permiten tanto a las distintas corporaciones policiacas, como también a militares, la libertad de interpretar y por lo tanto de actuar según su juicio frente a cualquier situación que les cause sospecha. Tal es así que desde que comenzó la gestión del actual gobierno federal son constantes y se han incrementado los casos de violencia donde se han transgredido los derechos humanos, incluso se ha llegado a asesinar a gente sin vinculo con actividades ilegales.
La contradicción resulta evidente, por una parte el gobierno este año ha incrementado su presupuesto con el fin de combatir de forma eficaz a la delincuencia; mientras por la otra, ha condicionado un incremento en los impuestos en un 2 % sobre el consumo, si es que estamos de acuerdo en que se invierta en sus insuficientes programas sociales.
Desde las altas esferas, la clase política, los del poder económico, en si aquellos que podemos considerar como los incluidos de este sistema, parecen mostrar una total indiferencia a la relación que existe entre la insatisfacción de la necesidades creadas y el crimen. Es de hacer notar también el incremento de la pobreza frente al enriquecimiento desmedido de las elites. Frente a este escenario, y de forma cotidiana vemos por nuestras calles transitar convoyes de policías militarizados y militares con funciones policiacas.
Aun así los índices de criminalidad aumentan y las políticas de los aparatos represivos de control provocan un desplazamiento de los posibles “blancos” de la delincuencia organizada. Hoy los suburbios de los más favorecidos se encuentran en lo que podemos denominar “burbujas de seguridad” mientras los barrios bajos son territorio de pequeñas y grandes bandas del crimen organizado.
A casi cuatro años del gobierno calderonista y su famosa guerra contra el crimen, es evidente que los resultados son nulos, y en contraste vivimos en un estado guerra perpetua, subyugados a la política de seguridad del vecino del norte, los Estados Unidos.
Sabiendo esto ya no me sorprende el bombardeo de los anuncios y discursos televisados que nos intentan convencer de los magníficos resultados del Estado policiaco y militarizado, solo viene a mi cabeza aquella frase de las pesadillas orwellianas, donde un gobierno totalitario intenta convencer a un débil, timorato y atomizado pueblo de que “la guerra es la paz”.
2 comentarios:
No creo que el establecimiento de guerras sea una opcion para combatir el crimen, ya que simplemente lo que hace es servirles de inspiracion a estos delincuentes que manchan nuestra sociedad.
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